El Procurador General del Estado no conoce las normativas nacionales e internacionales sobre dictámenes condenatorios del Comité de Derechos Humanos de la ONU

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Luego de aceptar que el Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el Caso Isaías es “vinculante”, es decir, de obligatorio cumplimiento, el Procurador General Diego García, afirma que, a lo que está obligado el Estado ecuatoriano, es a proporcionar un “recurso efectivo” contra las incautaciones como “plena reparación” a favor de las víctimas, el cual fue negado por el Mandato Constituyente No. 13, mismo que fue declarado vulnerador del derecho a la tutela judicial efectiva y que, una vez que el Estado conceda ese recurso efectivo quedaría reparado el derecho vulnerado. García dijo, además, que el Dictamen no ordena al Estado condenado la devolución de bienes ni indemnizaciones económicas.

Ante tales declaraciones, el doctor Jorge Zavala Egas, defensor de los hermanos Isaías, afirma:

Las declaraciones del Procurador constituyen una blasfemia jurídica y síntoma de un preocupante desconocimiento del Dictamen y demás normas aplicables, pues, de acuerdo a ese fallo:

  1. El Mandato No. 13 violó el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el Pacto en el artículo 14.1 (#7.4 del Dictamen)
  2. El Comité declaró que con el proceso de incautaciones el Estado, a través de la Resolución AGD 12/2008, violó el derecho a un debido procedimiento de determinación de derechos y obligaciones civiles de los Hermanos Isaías reconocido en el Pacto en el Art. 14.1 (# 8 del Dictamen). Así lo reconoce el Comité a través del voto concurrente de Yuval Shany (# 1).
  3. El «recurso efectivo» que debe prestar el Estado es para una concretar la «plena reparación» de los «daños» producidos, el mismo que, al tenor de lo prescrito en el punto No. VII de la Resolución 60/147 ONU, se encuentra previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJYC), reformado por efecto de la Sentencia No. 004-13-SAN-CC, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 022 del 25 de junio de 2013, pues lo que el Estado debe reparar son los daños causados y no la negativa a sustanciar las acciones contra las incautaciones que también son jurídicamente inválidas e ineficaces. 
  4. La «plena reparación» comprende la restitución de la situación patrimonial de las víctimas al momento anterior a las incautaciones, al pago de las indemnizaciones debidas, a las satisfacciones públicas y a las garantías que no se pueda repetir, tal como lo prescribe en el punto IX la Resolución 60/147 ONU. 

Anexo

En el punto 9 del dictamen se condena al Estado a “dar plena reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido violados”. 

Esta “plena reparación” tiene reglas claras según la Resolución 60/147 aprobada por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 2005, que contiene los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas y en cuyo acápite IX. Reparación de los daños sufridos, estatuye que la reparación plena y efectiva (principio 18) debe comprender, teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso, las siguientes formas: restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Define luegorestitución (principio 19) como devolver a la víctima a la situación anterior a la violación manifiesta, incluyendo la devolución de sus bienes. Dentro de indemnización (principio 20) consta la obligación de conceder todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas, incluyendo daños materiales, lucro cesante, perjuicios morales y gastos de asistencia jurídica. 

Debe cumplirse también la obligación desatisfacción (principio 22) que comprende la adopción de medidas eficaces para que no continúen las violaciones, revelación pública y completa de la verdad, restablecimiento de la dignidad y reputación, disculpa pública y aplicación de sanciones judiciales a los responsables de las violaciones.